Fenasopadres solicita al Ejecutivo reconsiderar medida

"... Solicitamos al ejecutivo nacional reconsiderar tanto los lapsos como los procedimientos y formularios a fin de garantizar a los padres y representantes su legítimo derecho de decidir libremente la inversión en el proyecto educativo de sus hijos." Esto forma parte del comunicado que nos hace llegar Fenasopadres y que copiamos a continuación en su totalidad:

La Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes (FENASOPADRES) ante las disposiciones aparecidas en las resoluciones 417/66 y 418/67 de los Ministerios del Poder Popular para la Educación y el Comercio y las Industrias Ligeras, publicadas en la Gaceta Nº 38.957 del 20 de junio de 2008, ratifica de cara al país el derecho inalienable de los padres y representantes de decidir el monto de la inversión que destinarán al proyecto educativo, dado que legal y humanamente son corresponsables de la educación de sus hijos.

En ese sentido, de acuerdo con la normativa vigente, un gran número de instituciones privadas reunieron sus respectivas Asambleas Extraordinarias de Padres y Representantes durante la primera quincena de junio y de manera responsable y soberana establecieron las matrículas y mensualidades que están dispuestos a pagar para defender la calidad de la educación que quieren para sus hijos. Decidieron además prestar especial atención a las remuneraciones de los docentes, sistemáticamente erosionadas como lo han sido, por la incidencia del alto índice inflacionario. Con educadores, personal administrativo y trabajadores con ingresos reales crecientemente mermados, se viene abajo la calidad de la enseñanza, aumenta el desempleo y se produce una explicable fuga de maestros hacia otros oficios.

Basándose en la única normativa legal vigente hasta el 20 de Junio de 2008 para la fijación de matrículas y mensualidades en los planteles educativos privados, que es la Resolución conjunta de los MPPE y MPPILCO 182/28, las Sociedades de Padres y Representantes promovieron la realización de cientos de asambleas dentro del lapso establecido y en ellas decidieron soberana y autónomamente los montos presupuestarios para el año escolar 2008/2009.

Hoy el Ejecutivo Nacional, por una imperfecta comprensión de la normativa vigente, desconoce nuevamente los derechos de padres y representantes y viola la ley al fijar de manera unilateral porcentajes máximos de aumento que no guardan relación alguna ni con las variables económicas, ni con los de aumentos salariales decretados por el propio ejecutivo. Se ordena un humano incremento del ingreso monetario pero al mismo tiempo se condena a los institutos educativos a incumplirlo o a sacrificar el nivel educativo con el fin de honrarlo a medias, al imponerles una matrícula que no permite compensar ni de lejos el deterioro del ingreso real de todos los componentes de la educación.

Adicionalmente, los lapsos fijados para los procedimientos de aumento han sido modificados, haciendo materialmente imposible su cumplimiento por aquellos planteles que no tuvieron oportunidad de fijar en asamblea sus matriculas y mensualidades. Del mismo modo el modelo de convocatoria, el formulario para reflejar el presupuesto y el modelo de actas de las asambleas, cuya responsabilidad según el artículo 21 ejusdem recae sobre la Dirección General de Comunidades Educativas del MPPE, no han llegado a ninguno de los planteles a los que están destinados, y de nuevo recordamos que estamos a escasos cuatro días del vencimiento del lapso establecido en la Resolución para que se realicen las asambleas.

Por todas esas razones, solicitamos al ejecutivo nacional reconsiderar tanto los lapsos como los procedimientos y formularios a fin de garantizar a los padres y representantes su legítimo derecho de decidir libremente la inversión en el proyecto educativo de sus hijos.

Exhortamos a las sociedades de padres y representantes que de manera responsable y apegada a la legalidad fijaron ya los montos indicados, a ratificar su decisión por los medios legales que consideren convenientes.

Exhortamos a las sociedades de padres y representantes que aun no han cumplido la recomposición de matricula y mensualidades, a ejercer el derecho que le consagra la Constitución Nacional y la normativa vigente, de decidir tanto el monto como la modalidad con la cual financiarán el proyecto educativo de sus hijos.